Olivera
pretendió involucrar al PAP en narcotráfico
Nota enviada a
APRA GLOBAL
http://groups.yahoo.com/group/APRAGlobal/
Luis
Fernando Olivera Vega (47) es sin duda un
personaje que arrastra una descollante historia
que empezó como un funcionario público sin
escrúpulos. Sin ser abogado y fiscal intervino
en cuanta diligencia de narcotráfico se interesó
y hasta se llevó documentos que impidieron a los
verdaderos fiscales aportarlas como pruebas ante
el Poder Judicial. Esto ocurrió por ejemplo en
el “Caso Langberg”, donde quiso coronarse como
moralizador vinculando a la dirigencia histórica
del APRA. Y todo por el hecho que Langberg fue
detenido en México junto al guardaespaldas de
Víctor Raúl Haya de la Torre, el legendario
Jorge Idiáquez. Pero no lo logró. En esta nueva
entrega conozcamos más de la vida de este oscuro
funcionario de la Fiscalía de la Nación que con
los años reproduciría esta misma conducta
lombrosiana y persecutoria en el Congreso de la
República, y coronaría su carrera haciéndola
política de Estado en el paniaguato y el régimen
toledano.
III Capítulo / “Caso Langberg”, la otra historia
Decomisó libros contables de empresas de
Langberg para probar relación con el APRA
EL
2 de enero de 1980, cuando la población se
recuperaba de las fiestas de Año Nuevo y el
gobierno de facto del general del Ejército
Francisco Morales Bermúdez entraba a su recta
final, la policía decomisó, dentro de un camión
Fiat que venía de Pucallpa a Lima, 475 kilos de
pasta básica de cocaína, en esa época, el
cargamento más grande de la historia del
narcotráfico peruano. La droga se valorizó en un
millón de dólares.
Con un poco de técnica “científica” la policía
logró que los detenidos, Enrique Núñez Baraybar,
Teodoro Garcés, Miguel Mosqueiro, Orlando Flores
y Fernando Espinoza, sindiquen a Carlos Langberg
Meléndez como el responsable de esta millonaria
operación, el mismo que fue detenido y llevado a
una comisaría. Dos años después se comprobó que
el ministro del Interior, Fernando Velit
Sabatini -el último de la época militar- lo sacó
de la cárcel.
Langberg salió de la cárcel y se fue a México,
donde en setiembre del mismo año 80, fue
detenido por la posesión de 15 gramos de coca
cuando estaba en compañía del líder aprista
Jorge Idiáquez, legendario guardaespaldas de
Víctor Raúl Haya de la Torre.
La cercanía de Langberg con las autoridades
políticas de entonces fue más que notoria. Y eso
fue aprovechado por Fernando Olivera Vega,
cuando ya era secretario del fiscal de la Nación,
doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos, para presionar
a la fiscal provincial encargada del caso,
Blanca Nélida Colán Maguiño, entonces jefa del
Ministerio Público con sede en Callao.
Fiel a su estilo de hueleguiso de expedientes
malolientes, Olivera quería a como dé lugar
involucrar a connotados representantes apristas
como Fernando León de Vivero, el abogado Carlos
Enrique Melgar, el referido Jorge Idiáquez y
hasta al propio líder histórico del partido de
Alfonso Ugarte, don Armando Villanueva del
Campo.
Moralizador embrionario
La verdad es que Carlos Langberg no era
militante del APRA, como quedó en claro en esa
oportunidad, incluido por un comunicado
partidario, sino un allegado a determinadas
personalidades como el mismo Idiáquez. Pero la
obsesión enfermiza de Olivera de vincular al
APRA con el narcotráfico podía más. Y eso llevó
al moralizador embrionario a buscar a como dé
lugar el expediente en el despacho de Blanca
Nélida Colán, en el Callao. Pero testigos de
ocasión confirmaron a LA RAZON que esta
magistrada no se dejó amilanar con las bravatas
de quien sus amigos llamaban “El Muerto” por su
anatomía esmirriada y su rostro pálido. Dicen
que incluso regresó en más de una ocasión y lo
regresó tan rápido que ni siquiera le dio opción
a sustentar su interés. Por ello se la juró y no
paró hasta lograr apartarla del caso aduciendo
ante el fiscal Ortiz de Zevallos que Blanca
Nélida Colán era madre soltera y que tenía un
hijo con un alto oficial del Ejército, a quién
se pretendía vincular con Langberg. Tales eran
las armas que desde entonces utilizaba el
personaje que nos ocupa, quien es prototipo de
la casta política que domina el Perú.
Temores fundados
Un ex fiscal que participó en la indagación al
“Caso Langberg” recuerda que el doctor Ortiz de
Zevallos hizo apartar del caso a Colán Maguiño y
nombró en su reemplazo al fiscal Miguel Espinoza
Velásquez, quien también se convirtió en un
hueso duro de roer para el entrometido
funcionario que abusaba de la confianza del
cargo para tratar de dirigir las investigaciones,
sin tener un ápice de conocimiento de derecho.
Solo actuaba en base al poder de ser secretario
de la Fiscalía de la Nación.
En Lima entonces había mucha gente aterrorizada
por Langberg por el mero hecho de temer ser
involucrado nada menos que en un sonado caso de
drogas. En esa oportunidad Enrique Zileri,
director de “Caretas”, encontró en Fernando
Olivera un aliado para la difusión del caso, a
través de un judoca que se metió a periodista,
Gustavo Gorriti, quien asumió el reto, luego que
un colega que inició la investigación renunciara
al caso tras recibir en lugar de la foto de
Langberg, una calavera silueteada en negro,
mensaje que fue interpretado como una amenaza de
muerte macabra.
Cúpula en vilo
Uno de los fiscales que participó en la
investigación del caso recuerda que Olivera,
amparado en su poder de secretario del fiscal de
la Nación, presionó en el Ministerio Público
para que se investigue a toda la cúpula militar.
Y todo porque, según argüía, el ex ministro
Velit Sabatini habría participado en la
liberación de Langberg.
Pero las fijaciones patológicas de Olivera desde
entonces eran también desmedidas. Quería, como
se dice en lenguaje pueblerino, “embarrar” a
medio mundo, con tal de perseguir al APRA. Tanto
es así que pretendió que en la investigación se
incluya a una fiscal que tenía una relación
sentimental con un alto integrante del Ejército,
cuyos nombres guardamos en reserva. También a
quienes editaban el diario PM de propiedad del
investigado, porque lo defendía desde sus
páginas. Sus objetivos desmedidos no fueron
aceptados por la autoridad, pues el comando del
Ministerio Público decidió darle todas las
facultades al fiscal investigador para que
denuncie exclusivamente a los implicados con
pruebas fehacientes y no implicar a terceros que
nada tenían que ver en el caso.
Dirigió allanamiento
Quienes participaron en la investigación del
caso, recuerdan igualmente que un día menos
pensado, Olivera se coludió con el jefe de la
Policía Fiscal que aún despachaba en Orrantia
para allanar el domicilio de la esposa de
Langberg, Nora Cornejo, en la avenida Benavides
en Miraflores, con el afán de decomisar los
libros contables de sus empresas y encontrar al
menos una pista que lo relacionara al APRA.
Actitudes que por cierto tienen ya un cordón
umbilical con lo que haría años después, cuando
ya, como socio del régimen toledano, y en
conmina con los procuradores, dirigieran y
digitan aún el llamado “sistema anticorrupción”.
Uno de los ex compañeros de “El Muerto” recuerda
que eran los tiempos en que las oficinas
policiales estaban al servicio de Olivera. “Y
todo porque era nada más y nada menos que el
‘chupamedias’ del fiscal de la Nación”, dijo a
LA RAZON un testigo de esos años. Además,
recordemos, había logrado que se tomara medidas
punitivas y traslados para algunos jefes que no
accedían a sus caprichos, tal como se reveló en
el caso del comandante antinarcóticos de la
policía de Tingo María de apellido Yupanqui, que
apresara al narcotraficante Catalino Escalante
en 1982.
Sin embargo, Olivera se llevó un gran fiasco
porque no logró ninguna línea en los libros de
las empresas de Langberg que incriminen al APRA.
Y cuando le pidieron la entrega de los libros
para su revisión por parte del fiscal Fernando
Espinoza, nunca los entregó. Los dio por
perdidos y así perjudicó la carga de la prueba,
agrega la fuente que solicitó el anonimato.
A México lindo y querido
Como amante de la música criolla, Olivera tenía
ciertos gustos por las rancheras y los boleros
mexicanos. Solía tararear la letra de “El rey”,
pues con dinero o sin dinero, siempre decía que
era el rey. ¡Quién iba a pensar que la misma
canción sería una de las preferidas de su
enemigo jurado Alan García Pérez! Y qué mejor
que el caso Langberg para viajar a México D.C y
husmear –como era su costumbre preferida- en los
archivos policiales la forma y circunstancias de
la captura del citado personaje junto al
guardaespaldas de Haya de la Torre, Jorge
Idiáquez, como hemos dicho líneas atrás, en
septiembre de 1980.
Convenció a su jefe Ortiz de Zevallos y tomó un
vuelo directo hacia la capital mexicana con
aproximadamente diez mil dólares de viáticos,
que de vuelta jamás rindió cuentas. Pero, en
tierras aztecas y de Pancho Villa no encontró
ningún rastro del caso Langberg, pues cuando
llegó, los amigos de lo ajeno se habían robado
el atestado policial de la misma estación
policial. Solo le quedó morderse los labios y
visitar, por las noches, la Plaza Garibaldi para
al menos cantar con los charros, aquella mítica
canción de José Alfredo Jiménez y Dolores
Hidalgo Guanajuato: Con dinero y sin dinero/
Hago siempre lo que yo quiero/Y mi palabra es la
ley/No tengo trono ni reina/ Ni nadie quien me
comprenda/Pero sigo siendo el rey...
Si Alan García lo viera visto cantar...
El acoso, su otra actividad
La obsesión de Olivera por incriminar a la
dirigencia aprista con el narcotráfico, vía el
caso Langberg, lo llevó a perseguir a su víctima
hasta su propio centro de detención en la
carceleta del hospital Carrión del Callao, donde
estaba internado por una afección cardiaca, y,
como hemos dicho en otra oportunidad, hasta el
propio penal “El Sexto” de la avenida Alfonso
Ugarte, donde ahora funciona la Policía de
Tránsito .
Tal era su obnubilación que dicen que hasta le
volteaba la cama en busca de drogas o de
documentos tramitados o recibidos por el
detenido, sin lograr su empresa. Dejó de
presionarlo cuando lo denunciaron por
persecución.
Fernando Olivera, que todavía no era “Popy”,
también le puso la puntería a las propiedades
del general Velit Sabatini, como hemos señalado,
ligado a Langberg, así como a las empresas que
por negocios se vinculaban a dicho personaje.
Así, por ejemplo, sin que fuera invitado a Santa
Rosa de Quives para que observara un
allanamiento por parte de los fiscales Martín
Mora y Manuel Balarezo de la casa de campo del
general Velit Sabatini, él se apareció
sorpresivamente en el lugar de la diligencia. Y
como lo dejaron participar, hizo un acta
separada en la que firmaron los policías de la
Comisaría de Yanas, como se aprecia en un
documento adjunto.
Aquí comprobó que la empresa Hidráulica S.A.
había instalado las bombas de agua a la piscina
de la casa del general Velit y no acabó hasta
allanar el inmueble de dicha compañía, otra vez
con la policía fiscal y llevarse los libros, sin
tener ninguna competencia para tal pillaje,
siempre en ese afán morboso de encontrar alguna
pista contra el APRA. Pero se fue de bruces. Y
como en el caso de Nora Cornejo, tampoco
devolvió los libros.
Así, Olivera fracasó en su intento de
comprometer a la dirigencia aprista, a la cúpula
militar y a la propia Fiscalía en el famoso caso
Langberg, quien en 1984 fue condenado a 14 años
de cárcel, pero luego su pena sería reducida a
la mitad.
Nadie en su sano juicio se solidariza con el
delito. Pero menos con las conductas
lombrosianas que utilizan los casos de tipo
penal para perseguir y/o incriminar a sus
enemigos políticos, como se vio en la conducta
de Fernando Olivera en el caso Langberg. Figuras
legendarias de aprismo con las que se puede
discrepar pero jamás censurar ni menos perseguir,
como son Jorge Idiáquez, o el mismo Armando
Villanueva del Campo, o el general Velit
Sabatini, eran presas de sus odios políticos que
de verdad lindaban con la patología. Con mayor
razón si esa conducta de tabla rasa venía de un
funcionario público que estaba haciendo sus
pinitos en el Ministerio Público para después
reproducir su conducta lombrosiana, en versión
corregida y aumentada, cuando llegó al Congreso,
siendo ya “Popy”, y finalmente elevarlo a la
categoría de política de Estado desde el
gobierno de transición y continuarlo con
asquerosa frialdad en el gobierno de Alejandro
Toledo.
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